El regreso de la guillotina pública y la violación al debido proceso.

“…ya el 2 de octubre, cuando Louvet pronunció su discurso de acusación pidiendo la cabeza de Robespierre, los girondinos suspendieron la cuchilla de la guillotina sobre las cabezas de “los niveladores, de los causantes de desorden, de los anarquistas”, que habían tenido la audacia de alinearse con el pueblo de París y su Comuna revolucionaria… (Kropotkin, 2015)”

El proceso revolucionario vivido en la Francia de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX fue demoledor, tanto para los que ostentaban el poder, como para los propios revolucionarios. Ese proceso histórico marcó las élites políticas, la burguesía y el proletariado. El desbordamiento de las ideologías, el odio y el deseo de venganza, traumatizó a toda la sociedad e impactó de forma positiva en algunos casos y negativa para otros,  todo el hemisferio Occidental.

El desborde de las pasiones políticas, la inquina y el resentimiento que afecta la institucionalidad dominicana, quizás fruto de un reclamo legítimo de la sociedad por el adecentamiento de la política y el sistema de justicia en su conjunto, hace recordar aquella época de procesos sumarios y sin ninguna garantía.

Partiendo de esos aspectos tenemos que mirar hacia atrás para no caer en repetir los mismos errores históricos que antes obnubilaron las miradas de las personas sensatas. Pues si la sociedad Dominicana tiene la tan anhelada aspiración de erradicar un flagelo tan destructivo de la moral social y política como lo es la corrupción pública y privada, ésta debe lograrse a través de procesos idóneos que no impliquen la corrupción del procedimiento. Solo con las garantías que establece la Constitución en sus artículos 68 y 69 se satisfacen las expectativas de la sociedad.

Solo con respecto a las leyes puede ser controlado el poder, ya que el irrespeto a las normas sociales establecidas corrompe todos los estamentos de la sociedad, propiciando la corrupción pública, privada y la delincuencia en las capas sociales más desfavorecidas. La saturación legal impide el cumplimiento de las existentes. Y permite a los encargados de hacer cumplirlas  sean los primeros en actuar contrarios al debido proceso.

Cuando observamos los acontecimientos recientes en la República de Haití, con una  situación social mucho más deplorable que la República Dominicana, debemos analizar que la historia de la sociedad haitiana está marcada desde su fundación por unas contradicciones ideológicas, económicas y sociales que en la práctica hacen casi imposible la reconciliación de los grupos en pugna, en la República Dominicana estos acontecimientos deben llamar la atención. Esta situación del vecino país se verifica con el reciente acontecimiento de la muerte de su presidente legal, aunque marcado por una cuestionable legitimidad, al menos fue elegido en las urnas. Pero allí es prácticamente nulo hablar de institucionalidad o debido proceso.

Esos acontecimientos en la República de Haití, son arrastrados por esas contradicciones históricas de los grupos sociales que allí conviven. Lo preocupante es que la sociedad haitiana está asentada en la misma Isla que la República Dominicana, de ahí el hecho de que los problemas que suceden en Haití afectan de forma directa  la estabilidad de la República Dominicana. Sin debido proceso, no hay derechos que puedan ser garantizados. El ejemplo de Haití es claro, allí no hay cabezas sobre los hombros segura.

La reflexión es tratar de no repetir lo sucedido en la revolución francesa, donde el incorruptible Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, líder de la revolución y hombre de grandes dotes morales, termina siendo víctima de la guillotina a la que llevó a amigos, enemigos y todo aquel que  enfrentó su gobierno de “terror”. Robespierre culminó guillotinado con la misma rigurosidad con la que llevó al patíbulo a tantas personas.

Por ello debemos actuar con rigurosidad, pero con respeto al debido proceso, pues no sabemos cuándo será nuestra cabeza la que amanecerá en el cadalso.