DE JOHN ADAMS A DANILO MEDINA

Las elecciones presidenciales del año 1800 en Estados Unidos marcaron un antes y después en la ética política y los anales del Derecho Constitucional, fue elegido en ese año a la presidencia Thomas Jefferson-Republicano Demócrata- ganando las elecciones a John Adams-Federalista-, este último aprovechando el dominio que tenía en el congreso aprobó el nombramientos de unos 42 jueces de paz para el distrito de Columbia, sin embargo, por el ajetreo de último minutos-donde los gobiernos saliente pretenden resolver el futuro de muchos amigos y allegados que no habían tomado en cuenta hasta entonces-el secretario de Estado de Adams olvidó entregar las credenciales a tres de los nuevos jueces.

Al final uno de los jueces William Marbury se querelló en contra del nuevo secretario de Estado James Madison, ya que éste se había negado a entregar las credenciales debido a la maniobra que hicieron los federalistas al final de su mandato, esto permitió que en el año 1803 se emitiera la famosa sentencia Marbury vs. Madison.

Aunque la comparación puede resultar odiosa debido a la gran diferencia en materia de institucionalidad entre República Dominicana y Estados Unidos, parecería que las maniobras de los gobiernos salientes en los últimos días de su mandato son consuetudinarias.

En Estados Unidos el caso culminó con una decisión jurisdiccional que, al margen de que el Juez Marshall para muchos no debió ser ponente en esa decisión, si se puede hablar de un referente constitucional y político que ha servido de base para la estabilidad institucional norteamericana e incluso de referencia para muchos países con democracia constitucional.

Es conveniente que los países resuelvan sus diferencias políticas en los tribunales, esto permite reforzar la credibilidad de la sociedad en el sistema de pesos y contrapesos que configura la división tripartita de las democracias republicanas. Para ello es necesaria un fuerte raigambre institucional. El problema surge en países con debilidad institucional como la República Dominicana, donde muchas de esas maniobras quedan legitimadas o resueltas con decretos presidenciales.

En los últimos días del gobierno de Danilo Medina se ha desatado en la administración pública un cataclismo de decisiones que tendrán que ser analizadas desde una óptica imparcial y de conformidad con lo que aconseja la ética política y la legalidad constitucional. Hemos sido testigos de ascensos militares a familiares y allegados de figuras políticas del gobierno saliente, concursos al vapor para ingresar al ministerio público, ingreso a carrera civil y servicio administrativa de personas que no cumplen con los requisitos de tiempo y méritos, promoción a la carrera consular en los últimos días de gobierno, entrega de prestaciones laborales a personal administrativo que aun reuniendo los requisitos establecidos resultan sospechosas-sobre todo cuando personas que se han pasado la vida aportando al Estado y la sociedad pierden la vida tratando de lograr una pensión digna-en fin al “echarse la paloma” el gobierno saliente ha pretendido solucionar los problemas económicos y laborales a sus allegados, sin ningún tipo de pudor ético y político.

El presidente saliente Danilo Medina ha firmado decretos a la carrera en los últimos días, quizás fruto de la prisa algunas credenciales no sean entregadas a tiempo como sucedió con las del gobierno de John Adams, lo que culminó en los tribunales.

Es probable que muchas de esas decisiones culminen en conflictos que, creados por la administración saliente y con la negativa de entrega de las nuevas autoridades de las credenciales, al final serán los tribunales de la República que tendrán en sus manos la decisión.

Es entonces cuando tendremos la oportunidad de conocer si tenemos una justicia apegada a los valores y principios éticos que deben adornar a la diosa Temis o por el contrario se podrá descubrir si también el gobierno saliente dejó amarrado el sistema de justicia a sus intereses.

Esperamos que las revisiones de las decisiones de los últimos días del gobierno saliente, sea el comienzo de un verdadero cambio en la ética de la administración pública y la política.