Seguridad vial: aceptar o resignarse

Aceptar, puede tener múltiples acepciones, entre ellas comprometerse, asumir, reconocer u obligarse.

En cada significado de la palabra, se debe partir de una realidad comprobable, es decir,  si nos comprometemos a reconocer un problema, estamos consciente que debemos hacer ciertas actividades para lograr cumplir con el compromiso asumido. De ahí que si hemos reconocido que existe un problema importante con la seguridad vial en la República Dominicana, debemos realizar las acciones necesarias para enfrentar el problema.  

Cuando a pesar de haber aceptado el problema, no hacemos nada para solucionarlo, entonces estamos resignados a saber qué problema existe, pero no tenemos remedio para solucionarlo. Así sucede con las adicciones y las enfermedades. El primer paso a la solución es la aceptación. Quien no acepta que tiene un problema, no busca solución al mismo, igual que quien se resigna a que no tiene solución.  

En ese contexto “Resignarse”, se debe relacionar con conformarse, abdicar, tolerar o renunciar a la solución del problema, que hemos detectado que existe, pero estamos dispuestos a dejarnos vencer por nuestra incapacidad para solucionarlo.

Es lo que hemos visto que ha pasado en la sociedad dominicana con el problema de la seguridad vial. Con la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada el 24 de febrero del año 2017. A más de cinco años de su puesta en vigencia, la ley que envía a crear unos 40 reglamentos, hasta el momento muy poco han sido redactados para poner en funcionamiento múltiples aspectos que logre el funcionamiento correcto de la ley.  
Pero más que ley y reglamentos, es necesario que el destinatario de la ley, conozca y cumpla la misma, para eso es imprescindible autoridades creíbles y coherentes con su actuar. Nada hacemos con agentes de seguridad vial apostados en las vías públicas deteniendo a ciudadanos que van en forma correcta en las calles para solicitar documentos y luego solicitar coimas, mientras los camioneros y guagüeros desafían velocidades y autoridades en su propia cara.  

Las alarmas se han disparado por el reciente accidente vehicular en la Autovía del Este, específicamente en el denominado cruce Domingo Maíz, donde el conductor de un autobús cargado de turistas que se dirigían a una excursión a Isla Saona tuvo un vuelco, en el cual hasta el momento han fallecido tres turistas, pero no significa que ciertamente se haya decidido aceptar el problema. El hecho de que el siniestro haya afectado a uno de los sectores económicos más importantes del país, ha generado que las autoridades actúen como si aceptaran que existe un problema que necesita ser abordado de forma eficaz.

Sin embargo, parecemos resignados a que a diaria sucedan miles de accidentes en nuestras vías, con pérdidas humanas y económicas insostenibles.  

Actuar ahora como si se aceptara que el problema existe, puede llevar a absurdos como solicitar la declaratoria de “caso complejo” y “un año de prisión preventiva”. Ambas solicitudes son incoherentes desde el punto de vista de lo que es la tipología penal de que se trata. Como es de conocimiento del Ministerio Público, por más grave que sea un accidente de tránsito, sigue siendo un delito imprudente, de ahí que tratar de hacer más drástica la ley de lo que realmente es, solo muestra que existe una resignación a procurar una solución idónea a un mal, que va más allá del transporte turístico.

Pues si bien, la ley 63-17 en su artículo en 257, prohíbe conducir bajo los efectos de drogas o sustancias controladas,  dicha situación no agrava la pena máxima contenida en los artículos 303-5 y 304-4 de la misma ley. Por tanto, es evidente que el problema vial en la República Dominicana tiene factores que las autoridades se han resignado a que vamos a vivir permanentemente inseguro en las vías públicas. Basta con ver las estadísticas sobre los accidentes que cada día se registran en las distintas vías del país.  

Conductores con múltiples accidentes, en diferentes localidades del país, solo se registra la actividad en la que se ven involucrados, pero una vez concluida la declaración ante las autoridades, los conductores salen del lugar a conducir nuevamente con las misma imprudencias con la que cada día se presentan en las calles.  

La educación vial debe ser una prioridad para la sociedad dominicana, desde los primeros años de estudios. La forma en la que los conductores de camiones, autobuses y cualquier vehículo pesado conducen en las calles, autovías y avenidas de la República Dominicana, no se soluciona con tomar un caso, imponer prisión preventiva y declarar el mismo complejo. Eso es solo un placebo para el ignorante, falta aceptar que existe el problema y actuar en consecuencia. De lo contrario solo reafirmamos nuestra resignación.