Principio de inclusión electoral (11-14)
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En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que hemos adoptado en la República Dominicana, luego de la promulgación de la Constitución en el año 2010; y tomando en consideracion que en un sistema democrático deben ser tomados en cuenta tanto los derechos de las mayorías, como de las minorías, y de manera especial de grupos sociales vulnerables, excluidos o marginados.
En este contexto, el principio de inclusión en materia electoral establecido en el numeral 10 del artículo 4, de la Ley No.20-23, cobra una importancia capital. En ese sentido, en una democracia como la que hemos venido construyendo desde hace varias décadas, desde el Estado, la Junta Central Electoral, encargada de organizar las elecciones, los partidos políticos, tienen el compromiso ineludible de fomentar la inclusión en materia electoral.
Por tales razones, la inclusión del referido principio en la norma in comento juega un papel fundamental para propiciar que todas las persones en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en los procesos electorales pueden ejercer el derecho al voto. En ese tenor, desde el principio de inclusión se postula que:
En el ejercicio de sus atribuciones, los órganos de administración electoral deberán garantizar la integración de todos los ciudadanos en la elección de sus representantes, posibilitando la participación democrática en todos los procesos, sobre todo a aquellos individuos y grupos sociales en desventajas por marginalidad o segregación.
En ese sentido, Alicia del Águila en un artículo titulado “Inclusión Política”, ha postulado lo siguiente:
La inclusión política se podría entender de dos maneras. Una, como una situacion ideal, el reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos de los miembros de una comunidad. Dos, en alusión a los parámetros y límites con que el reconocimiento de los derechos políticos se da en una sociedad.
En conclusión, el hecho de que se haya incluido en el Ley No.20-23 el principio de inclusión en materia electoral, es un importante paso de avance, hacia la consolidación de la democracia y la institucionalidad en el República Dominicana. Sin embargo, hay que destacar que para lograr una democracia mas participativa se requiere el establecimiento de políticas públicas que fomenten e incentiven la inclusión y participación política de los diferentes grupos sociales, esto a pesar de los avances que hemos logrado, aun es una tarea pendiente.