MINISTERIO PÚBLICO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: UNA TAREA PENDIENTE.

Recientemente la Procuraduría General de la República hizo “lo que nunca se había hecho” un concurso para elegir los titulares de unas veintena de dependencia del Ministerio Publico a nivel nacional. Dentro de los nuevos procuradores fiscales los hay de gran calidad humana y profesional, sin embargo, el problema es mas estructural que de simples cambios de los encargados de las procuradurías fiscales y procuradores de cortes de las distintas jurisdicciones. Eso es mucho más importantes en las procuradurías fiscales en cualquier jurisdicción penal, dado que ésta la que mas contacto tiene con los usuarios del sistema de justicia, principalmente con las víctimas, resulta por ello esencial su labor para la misión del Ministerio Publico y la visión que los ciudadanos se hagan de la jurisdicción penal.

Los nuevos incumbentes de las distintas jurisdicciones esperanzó a los usuarios de las justicia penal de varias jurisdicciones como la San Cristóbal, Provincia de Santo Domingo, con especial énfasis en las Caobas-donde no fue posible el nombramiento de un nuevo titular- la Vega en cuya jurisdicción hubo celebración por la salida de la otrora titular de esa demarcación, pero realmente los cambios en el accionar de las instituciones del sector público o privado no se producen de manera espontánea, sino que debe operar una aptitud y actitud en la generalidad de las personas que conforman la institución.

Es por ello que a pesar de los cambios en los titulares de las procuradurías fiscales de muchas jurisdicciones, ello no ha operado de manera automática en una mejora del servicio que ofrece el personal de esas dependencias de la Procuraduría General de la República, habrá que esperar esa aptitud y actitud de las personas-procuradores fiscales adjuntos y personal administrativo-para que se logre un verdadero acceso al sistema de justicia penal, principalmente aquellos que han sido víctimas del delito.

Es el Ministerio Publico el órgano encargado de llevar una investigación seria, objetiva y profunda de los hechos que afectan a la sociedad, para ello debe desplegar los recursos necesario que ofrezcan respuestas rápida y eficaz para prevenir y en los casos que no se logre la prevención lograr la sanción a los sujetos activos del delito, pero el servicio que ofrecen algunos procuradores fiscales adjunto cuando las víctimas del delito buscan la atención para denunciar el hecho del cual sufrieron el daño desdice mucho de ese deber.

No queremos afirmar que sea una acción generalizada en las dependencias de la procuraduría fiscales a nivel nacional, pero lo cierto es que al visitar las distintas procuradurías fiscales es deprimente el servicio y la manera en la que se trata a los usuarios. Al hacer la comparación con la Suprema Corte de Justicia y la Oficina Nacional de Defensa Publica-las otras dos instituciones públicas que forman el trípode del sistema de justicia penal-es definitivamente imposible.

Esa situación que sufren las victimas en el servicio que ofrece el Ministerio Publico dista mucho de las palabras que pronunció el Procurador General de la República en el acto de juramentación de los nuevos titulares de las procuraduría fiscales Jean Alan Rodríguez Sánchez en fecha 21 de septiembre del año 2018, cuando dijo: “A los que hoy toman las riendas de la institución debo recordarle que hoy asumen una gran responsabilidad, les exhorto a realizar un ejercicio profesional íntegro, transparente, apegado a las normas éticas y a la buena administración de justicia”. Además de lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 169 párrafo cuando establece “En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley”. Incluso su propia ley orgánica 133-11 sostiene que “En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos”.

La buena administración de justicia impacta directamente en el ejercicio profesional que realizan los fiscales adjuntos que acompañarán a los titulares de las distintas procuradurías que recién inician sus funciones, ello deberá servir como punto de partida a los procuradores fiscales titulares que inician sus funciones, pues no es posible que víctimas de delitos que necesitan el auxilio de las autoridades que están llamadas a ofrecerle un servicio efectivo y de calidad sean maltratados por quienes deben ser sus aliados. Los usuarios tienen derechos a que se les dé un buen trato, muchas veces lo que menos le importa es el resultado de sus denuncias, en la mayoría de los casos los resultados no están en manos del funcionario del Ministerio Publico, pero cuando reciben una atención humana, amable y decorosa sienten que realmente se la ha brindado un servicio, aun a pesar de los resultados.

Por tanto el objetivo debe ser dignificar la vida de las víctimas, sin ofender, ni desesperanzar. Dado que haciendo esperar largas jornadas observando un funcionario que debe atenderlo paseándose sin estar realizando ninguna otra labor no se corresponde con un servicio con rostro humano. Los procuradores fiscales y el personal administrativo que los acompaña para realizar su labor son servidores públicos llamados a realizar un trabajo que garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad en sentido general, sus salarios son cubiertos con los impuestos que pagan los ciudadanos, aun a pesar de que acudan de los sectores marginados de la sociedad, ellos no están solicitando un favor, es necesario un servicio adecuado a los parámetros de una sociedad democrática al servicio del ciudadano.