LA DISCRECIONALIDAD PARA REGALAR FONDOS PUBLICOS

“La discrecionalidad administrativa hace referencia a los márgenes de apreciación, opción y decisión de la Administración en aquellos supuestos en que no todos los elementos de la potestad administrativa vienen concretados por la norma que la atribuye, pudiendo optar entre varias soluciones, todas ellas justas. Es, por tanto, una libertad de elección entre alternativas igualmente justas o entre indiferentes jurídicos no incluidos en la ley (Guías Jurídicas, 2019)”.

Al parecer lo que acaba de suceder en el gobierno dominicano, no es más que un acto de discrecionalidad administrativa que tienen los funcionarios del Estado para decidir dentro de su “potestad” a quien regalar parte del patrimonio de todos, sin necesidad de pasar por la regulación constitucional, ni buscar la opción más justa dentro de las distintas opciones que tienen.

Olvidan los funcionarios que la potestad de disponer administrativamente de forma discrecional de los recursos públicos, es cada vez más exigente, frente a una sociedad que no quiere dejar nada al libre albedrío de los políticos. Ha sido tan grande la decepción, que aun gobernando lideres carismático, cada día son más las exigencias de la sociedad para que se disponga de sus recursos de forma discrecional.

La justeza que debe tener una decisión discrecional, no se llena con que se “regalaran” los fondos que fueron asignados de manera unilateral y sin cumplir con los requisitos de la ley. En la administración el principio de legalidad es exigido so pena de cometer delitos serios en contra del patrimonio público.

Parece que los políticos no han entendido que “El poder está degradándose debido a la gran cantidad de cambios que están ocurriendo en todos los ámbitos…; la revolución del mas-vida, nutrición, educación…; movilidad-todo se expande cada vez más…; mentalidad-inclinación de los jóvenes de poner en duda la autoridad y desafiar al poder (Naín, 2017)”.

No comprender la realidad del poder de hoy, es arriesgarse a que de la misma forma rápida, ágil y estrepitosa que lo obtuviste, perderlo. El Partido Revolucionario Moderno aprovechó una coyuntura social que le permitió acceder al poder de manera holgada, obteniendo la mayoría de los escaños en el congreso, mayoría de los municipios del país y el poder ejecutivo.  

Ese escenario debe ser visto por sus actuales funcionarios como el elemento central del ejercicio del poder, pues así como un grupo de ciudadanos exigieron la salida del Partido de la Liberación Dominicana del poder,  con ese mismo ímpetu los actuales funcionarios pueden salir de sus estamentos de poder a la cárcel. No se jueguen con el poder que no es fácil retenerlo.

Cuando un funcionario comete errores no le es tan fácil rectificarlo, aun peor cuando al hacerlo, lo que hace es poner en evidencia que ha tratado de tomar el pelo a la sociedad. Los fondos públicos no son de los funcionarios, son de la sociedad, es a la sociedad que se le quita de su producción lo que administran los funcionarios.

Cuando un funcionario abusa del poder discrecional que tiene, incurre en arbitrariedad e ilegalidad, no es posible que cuando se violente un procedimiento administrativo la solución sea regalar a quien se haya beneficiado de esa ilegalidad los fondos de los ciudadanos. Eso sería enriquecimiento ilícito, hoy mucho más de moda “lavado de activo, proveniente de un delito precedente-la corrupción”.

Los funcionarios del actual gobierno, deben saber que la sociedad está harta de que le tomen el pelo, un error administrativo no puede ser la excusa para echar por la borda CIEN MILLONES DE PESOS (RD $ 100, 000,000.00). Es imperdonable que traten de cubrir una ilegalidad regalando el patrimonio público.

Faltando recursos para enfrentar la pandemia, asistir a los trabajadores cesanteados-negándole a acceder a partes de sus recursos en las AFP-, aumentando todos los días los combustibles a una sociedad que solo ha hecho sacrificios. La discrecionalidad no es una opción viable en los momentos actuales. ¡Coño! No somos idiotas.