Humanización deshumanizada

Enmanuel Kant es considerado uno de los filósofos humanistas más influyentes de finales de la ilustración, su concepción sobre el ser humano se sustenta en que la persona debe ser un fin en sí misma, que no puede ser tomado como objeto para un fin distinto a sí mismo. La filosofía kantiana se sustenta en la moralidad de las acciones humanas y en un Estado que procure el bien de la humanidad como fin último. Kant es referente obligado cuando se habla de humanizar.

Es necesario entender que  el principio de presunción de inocencia debe primar en todo imputado en una investigación penal, ello no es óbice para analizar las informaciones que han salido a la luz pública a raíz de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los imputados del caso “Medusa”. Al concientizar esas informaciones, no podemos evitar sentir cierto pesar por el hecho de que se haya utilizado un tema tan hermoso desde la óptica kantiana como es la humanización del sistema penitenciario, para fines distintos a lo que su propia estructura procura.

La humanización como uno de los principios del Derecho Penitenciario, implica poner de relieve la filosofía kantiana, es decir, ver al ser humano como un fin en sí mismo. En tal sentido, el hecho de que una persona haya sido sancionado a una pena privativa de libertad, no le hace perder su condición de ser humano, más bien, ello realza la condición de ser humano, pues una de las características más humana, es cometer errores, y una vez superados el sujeto puede cambiar, para operar como el único ser vivo capaz de encauzar su vida, a pesar de sus errores.

El principio de humanización en el cual se sustenta el Derecho Penitenciario ha creado un sistema progresivo de reinserción social, tal como lo contempla la Constitución Dominicana en su artículo 40 numeral 16. Lo cual implica que cada persona sancionada a una pena privativa de libertad estará sometida a un proceso de rehabilitación y reeducación que lo catapulta nuevamente a la sociedad sin aptitud para violentar la norma penal nuevamente.

De ahí, que utilizar para fines distintos ese principio neurálgico del Derecho Penitenciario es un crimen contra atroz contra la humanidad. De comprobarse los argumentos esbozado por la acusación, con evidencias sustentables, estaríamos antes actos deleznables que deben ser sancionados drásticamente, sino que, además constituyen actos que atentan contra la dignidad humana como valor en nuestro ordenamiento constitucional, pues se tomaría a seres humanos para fines distintos a su propia dignidad.

En sí, todo acto de corrupción es repudiable desde la perspectiva moral y legal, pues el Estado debe procurar el bien común, dejando de lado el interés particular del servidor público, sin embargo, cuando dichos actos se realizan tomando como excusa a seres humanos que necesitan con vehemencia alimentos, salud, alojamientos digno, recreación y que les sean garantizados los derechos inherentes a su condición humana, el crimen se convierte en un atentado a la dignidad humana.

Utilizar el plan de humanización como plataforma política y de enriquecimiento ilícito de un grupo de personas, según las informaciones que se han filtrado sobre la acusación en el caso “Medusa”,  son actos de corrupción que demuestran el deterioro moral de la clase política dominicana. Lo peor es que suceda desde un partido político que fundó un ser humano que tiene una regia referencia moral como es Juan Bosch y Gaviño, el cual en su discurso de juramentación como presidente constitucional en el año 1963 expresó “El Doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de Vicepresidente y Presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan; y decimos con propiedad que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes, y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones están llamados a ser sólo ejecutores de esas leyes”. 

Utilizar una institución como la Procuraduría General de la República para actos como los que contiene la acusación presentada, es una vergüenza para cualquier ser humano, partido político e incluso para la sociedad en la cual se produce. El mismo discurso señalado anteriormente lo sostiene cuando dice “al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo”. Por tanto, pasar de defensores del pueblo, a utilizar el pueblo y a seres humanos vulnerables son actos repugnantes.