EL PRECIO DE LOS MUERTOS.

 

¡Ese delincuente no valía más de diez mil pesos! Fueron las palabras de quien contrato un sicario para que le diera muerte a un “delincuente” que lo tenía harto de robarle los frutos que producía en su finca. Es que los muertos tienen precio, no es un juego, cuando alguien muere o es muerto, tiene un precio. Así, un accidente de tránsito, una enfermedad o la muerte violenta le pone un valor monetario a la vida de las personas.

He  de suponer que la vida es el derecho fundamental más valioso para el ser humano, es lógico que la vida tenga valor en sí misma y, que cuando se trata de cuantificar su valor monetario se suele decir “la vida no tiene precio”. Pues, resulta que sí tiene un precio, pero lo peor de ello no es que lo tenga, sino, que es un precio muchas veces irrisorio partiendo de la importancia que tiene.

En derecho penal el precio de la vida depende de la categoría social o económica del muerto. También tiene que ver el tipo penal por el cual la persona ha perdido la vida. Los precios varían según se trate de fallecido en accidente de tránsito de vehículo de motor, una riña en un bar, fiestas patronales o un colmado, sicariato o por “ajuste de cuenta” e incluso cuando se trate de delincuente común o “intercambios de disparos con las autoridades policiales”, las categorías cambiaran de precio cuando se trate de una familia de clase social paupérrima, media o de alto nivel social o económico.

Por otro lado tiene precio distinto la vida de las personas cuando se trate de reyerta por campañas políticas o huelgas, ya sean locales o nacionales, estos son un tipo de muertos que en muchas ocasiones nadie los paga, pues los políticos y los promotores de huelgas tiene permiso para enviar a las personas a que las maten sin ninguna consecuencia legal para ellos.

En el caso de los muertos por sicariato los precios oscilan desde diez mil pesos hasta millones, todo dependerá de la magnitud del encargo, si es por motivos de relaciones sentimentales, herencias, cobro de deudas, crimen organizados e incluso por enemistades ancestrales.

Cuando los muertos se negocian en los tribunales penales también el precio es variado, pero siempre que no sea fruto de una sentencia, las negociaciones siempre son avaladas por familiares de los fallecidos que prefieren desistir de los procesos y recibir dinero en efectivo antes que una condena a los culpables. Si el precio del muerto es dispuesto por una sentencia del tribunal puede variar desde una indemnización de 100 mil pesos-regularmente personas pobres, valen menos-hasta 50 o 100 millones de pesos-Marlín Martínez y Adriano Román-que son muertos con gran impacto en la sociedad.

El caso más patético es los denominados “intercambios de disparos”, en ellos regularmente las autoridades policiales cuando ejecutan un supuesto “delincuente” les hacen ofrecimientos a los familiares entre 50 y 100 mil pesos, con la finalidad de que no denuncien a los “agentes policiales que ejecutaron el acto”, de lo contrario manejan los expedientes con los miembros del Ministerio Publico hasta que logren establecer que se trata de una acción justificada, pues casi siempre los supuestos “delincuentes” dispararon primero en contra de los miembros de la patrulla y ellos debieron “repeler” la agresión.

En la mayoría de los casos éstos muertos quedan sin ser resarcidos los familiares, ni mucho menos la sociedad, pues los miembros de las patrullas actuantes lo más que reciben es un traslado de jurisdicción cuando el caso aun está “caliente”.

Tenemos casos de muertes por encargo en la cual los que ordenaron las ejecución de la persona, luego se retractan del precio acordado, resulta entonces que quien ejecutó el acto criminal se ve en la imperiosa decisión de denunciar a quien le pago para que matara o dejar el trabajo por el precio inicial que le entregaron como avanzada hasta que ejecutara el acto, así, la frase al inicio de este escrito corresponde a un caso real, donde quien pago para que se ejecutara un supuesto delincuente, luego de realizado el trabajo argumentó que el muerto no valía más de diez mil pesos, el sicario tomo la decisión de denunciar a quien lo contrato, a pesar de que con ello arriesgo su libertad por una condena de 30 años, aún así quien ordeno la muerte luego pagó a los familiares del muerto y todos salieron felices, a pesar de que el precio del muerto se le duplico al contratante del sicario.

También, tiene un precio especial las vidas de las personas que fallecen en hospitales y clínicas producto de enfermedades, malas prácticas médicas, accidentes o dolencias inesperadas. En estos casos el precio varía según el centro donde haya fallecido y se toma en consideración también las condiciones socioeconómicas de los familiares del fallecido.

Son frecuentes los casos en las que los centros de salud públicos o privados retienen los fallecidos por deudas acumuladas por el tratamiento recibido, aun a pesar de que en ocasiones el fallecimiento fue a causas de negligencias del mismo centro, lo que importa es que antes de sacar el cadáver se salde la cuenta acumulada durante el proceso de internamiento.

Finalmente, lo que importa tanto a familiares, médicos, jueces, policías y sicarios es que el precio sea acorde con las condiciones del cadáver, al fin y el cabo la vida se valora según la estirpe social a la que pertenece el “muerto” o “matado”.