Derecho a la salud con categoría constitucional
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Luego de la reforma a la Constitución en el año 2010, se han elevado a rango constitucional muchos derechos y garantías que están descritos en leyes sectoriales, como la Ley núm. 42-01 General de Salud. Pero, para darle mayor preponderancia a este derecho los asambleístas del año 2010 decidieron darle categoría constitucional.
En ese orden, en el artículo 61 de la Ley Sustantiva al referirse a este derecho como fundamental, se establece que: “Toda persona tiene derecho a la salud integral”. En esa misma línea en el numeral 1 del indicado artículo se postula lo siguiente:
“El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”
El hecho de que el derecho a la salud haya adquirido matices constitucionales, obliga a las instituciones del Estado a establecer políticas públicas, para que cada persona tenga acceso a la salud preventiva y curativa.
Sin embargo, como ciudadano, nos preocupan las desgarradoras escenas que se observan en muchos hospitales del país, donde las personas diariamente tienen que hacer largas filas, para conseguir una cita, y en muchos casos deben levantarse a las 5:00 am, para tratar de conseguir uno de los turnos mas bajito para no tener que durar el día entero en un centro de salud pública.
Como dominicano, nos llama la atención que recurrentemente en los diferentes medios de comunicación, reseña la situación de las mujeres dominicanas en las diferentes maternidades del país. Donde, se observa que en muchos casos las camas están destinadas para las parturientas haitianas.
No es cuestión de que seamos xenófobos, ni racista, ya que el derecho a la salud debe garantizársele a todas las personas que viven en el país, por su condición de seres humanos. Pero, primero tenemos que garantizarle el derecho a la salud los dominicanos, y después atender los demás.
En conclusión, hacemos un llamado a los legisladores y al Poder Ejecutivo, para que asigne en el Presupuesto General del Estado para el año 2023 el 5% del Producto Interno Bruto (PBI) para el Ministerio de Salud Pública, cuyo presupuesto les permita habilitar mas camas para las parturientas dominicanas.
En ese sentido, si tenemos que hacer una cruzada para exigir en las calles la asignación del 5% para el Ministerio de Salud Pública, seré el primero que estaré dispuesto. No es posible, que el Estado gaste millones de pesos en publicidad, y no haya dinero para destinar el 5% para la salud de los dominicanos.