Policía Nacional: Punto rojo y aparte.

 

Salvaguardar la seguridad ciudadana, Prevenir y controlar los delitos; Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. Son las principales misiones que le confiere a la Policía Nacional la Constitución de la República Dominicana en su artículo 255.

Unido a lo anterior, el artículo 5 numerales 1 y 2 de la Ley 590 del año 2016 expresa que es misión de la Policía Nacional: “Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; Garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades”. De lo que extraemos que la institución policial como parte esencial de su accionar está la protección y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ciertamente, que ello debe estar acompañado a una labor de efectivo control y prevención de los delitos que afectan a la sociedad.

La Policía Nacional, por tanto, más que militar, es una institución ciudadana, pues debe tener un acercamiento constante por la labor que realiza con la ciudadanía y por ende en esa cercanía ser unas de las instituciones más confiables para los ciudadanos. Sin embargo, es paradójico que en una encuesta publicada recientemente-RD-elige-dentro de 20 instituciones la Policía Nacional ocupe el último lugar con el 32% de la confianza ciudadana, mientras otras instituciones militares con el Ejército Nacional tiene un 50.4 % de confianza ante la población.

Este síntoma de desconfianza ciudadana en nuestra Policía Nacional tiene varias aristas, dado que la configuración de esa institución se gestó en el año 1936, bajo una dictadura militar, que si bien han pasado 62 años desde la caída de la dictadura y 45 años de la desaparición de la dictablanda, el cambio no ha operado de forma institucional en la policía, aunque se han realizado muchos esfuerzo para un acercamiento de los ciudadanos con la institución y aprobado leyes modernas, a lo interno la institución, aún persisten elementos retrógrados que impiden la confianza de la población en la institución. 

Entre las aristas que disparan las sospechas de la ciudadanía están las llamadas fichas policiales, una especie de registro ciudadano, donde dependiendo de las actividades sospechosas o posibles encuentros que haya tenido una determinada persona con la Policía Nacional, se guardan unos registros que le permiten a la institución mantener en sus archivos datos ciudadanos con la intención de poder controlar sus actividades delictivas. Es lo que llaman “inteligencia policial”.

Ahora bien, el problema radica en que esos archivos policiales no discriminan cuando la ficha de inteligencia se trata de registro por actividades políticas no compartido con una dictadura-dictablanda o cuando realmente se trata de inteligencia policial para la persecución de actos delictivos. Lo que provoca como está sucediendo en los últimos meses, que ciudadanos que habían profesado simpatías políticas no acorde con gobiernos antidemocráticos de época pasadas, están siendo detenidos en forma preventiva por los denominados “puntos rojos” o “fichas de inteligencia policial”.

Estas detenciones policiales han disparado las alarmas de la ciudadanía, en especial personas que anteriormente habían sido perseguidas por sus ideas políticas y que hoy en una democracia del siglo XXI están siendo detenidos por supuestos archivos policiales que lo hacen sospechosos de actos delictivos.

En ese sentido, si bien la Policía Nacional puede mantener registros de control o de inteligencias como parte de su función esencial de persecución del delito, no es menos cierto, que en una democracia los registros por ideas políticas contrarias al sistema de gobierno, violenta el derecho fundamental a la libre expresión y difusión del pensamiento. Es por esas razones que las detenciones de personas de forma arbitraria solo por unos registros arcaicos sobre ideales políticos provocan que aumente la desconfianza del ciudadano en la institución policial.

Sin bien necesitamos una Policía Nacional aun con sus deficiencias, debemos aspirar a que la misma logre instalarse en la confianza del ciudadano para lograr una efectiva lucha en contra de la real delincuencia y en ese escenario los ciudadanos honestos estarán del lado de la institución, por el momento, los únicos beneficiarios de esa desconfianza son los reales delincuentes.