LA INCONSTITUCIONALIDAD, LA ILEGITIMIDAD Y LA IRREGULARIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE LUIS HENRY MOLINA PEÑA COMO JUEZ PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.-

De conformidad con el artículo 179 numeral 1 de la Constitución Dominicana, es función y atribución del Consejo Nacional de la Magistratura la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre otras tantas más designaciones de otras altas cortes, CITO: Artículo 179.- Funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones:
1) Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia;
2) Designar los jueces del Tribunal Constitucional;
3) Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes;
4) Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Termina la cita.
Para cuya designación en el caso de la especie es mandatorio de manera obligatoria el cumplimento de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura No. 138/11, que en su artículo 20 manda a depurar previamente las candidaturas de los aspirantes a jueces . Artículo 20.- Elección de los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura procederá a la elección de los jueces después de haber depurado las candidaturas, con un mínimo de cinco (5) votos favorables de los miembros presentes. Así como también la Ley 327/98, Sobre la Carrera Judicial y su Reglamento de Aplicacion, la cual establece en su artículo 44 párrafo III la prohibición expresa, de que dirigentes políticos puedan pertenecer a la Judicatura Nacional. CITO: Artículo 44.- A los jueces sujetos a la presente ley les está prohibido:
1) Realizar actividades ajenas a sus funciones;
2) Abandonar o suspender sus labores sin aprobación pre- via de autoridad competente, salvo casos de urgencia o fuerza mayor;
3) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que le corresponden;
4) Exhibir, tanto en el servicio como en la vida privada, una conducta que afecte la respetabilidad y dignidad de la función judicial.
5) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura;
6) Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos por las leyes;
7) Obtener préstamos y contraer obligaciones, sin la pre- via participación por escrito a la Suprema Corte de
Justicia con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones en razón de la función judicial que desempeñen;
8)Obtener de manera individual concesiones o beneficios de otro de los poderes del Estado que impliquen privilegio oficial en su favor;
9)Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o estupefacientes;
10)Dar consultas en asuntos jurídicos, de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese carácter;
11) Las demás prohibiciones que se establezcan por vía le- gal o reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa.
PÁRRAFO I.- Los jueces no pueden ejercer la abogacía ni directamente ni por persona interpuesta, ni otra profesión que los distraiga del cumplimiento de sus deberes oficiales o que sea incompatible con la dignidad del cargo que desempeñan. Esta disposición no deroga la excepción que establece al artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, respecto de las causas que puedan defender los jueces, pero aún en estos casos no podrán hacerlo por ante el tribunal en donde ejercen sus funciones.
PÁRRAFO II.- No podrán prestar servicios en una misma jurisdicción o tribunal los cónyuges o convivientes y quienes están unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive.
PÁRRAFO III.- No podrán pertenecer a la judicatura nacional los militares activos, dirigentes y activistas políticos, ministros de algún culto religioso en función, los abogados con antecedentes penales o sancionados disciplinariamente por actos que menoscaben su debida reputación profesional. Termina la cita.

No obstante la referida disposición consagrar en el párrafo III del artículo 44 de manera clara y expresa la prohibición de que dirigentes y activistas políticos formen parte de la Judicatura Dominicana, cuya disposición fue transcrita textual y totalmente, lo cual hace inelegible al ciudadano Luis Henry Molina Peña por su conocida y reconocida militancia activa como dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, confirmada y ratificada por él en su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ese órgano lo escogió como Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia en una franca, vulgar y grosera violación al texto legal orgánico de la carrera judicial, cometiendo así sus miembros el crimen de prevaricación, esto así porque al juramentarse todo funcionario público JURA cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, lo cual en el caso de marras y en otros múltiples casos la legalidad brilla por su ausencia.

A pesar de ser una obligación la depuración de las candidaturas antes de proceder a la elección de los jueces en virtud del artículo 20 de la Ley 138/11, transcrito también textual y totalmente precedentemente, es innegable que de manera deliberada no lo hicieron, esto así, porque de haberlo hecho, hubiesen contactado que el señor Luis Henry Molina Peña es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que por demás lo confesó en su entrevista, por lo que es un hecho irrefutable que el Consejo lo eligió y designó de manera ilegal, ilegítima e irregular deliberadamente, imponiendo de manera arbitraria su mayoría mecánica y su poder político en el Consejo, apartándose en consecuencia de la constitución y las leyes sobre la materia.

Las leyes una vez promulgadas y publicadas por el poder ejecutivo se reputan conocidas por todos en el territorio nacional, máxime por los funcionarios públicos del más alto grado de la nación como son los que cometieron tal violación.

El ciudadano Luis Henry Molina quien de manera imilegal, ilegítima e irregular pre-concebida, fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura a sabienda y consciente de que violan la constitución y las leyes escogiendo un dirigente político activo del partido de gobierno, imponiendo así de manera asquerosa su poder político. Su escogencia y designación están afectadas de nulidad absoluta, por ser consecuencia en la actualidad de un acto ilegal, ilegítimo e irregular, por ser su escogencia, elección y designación no conforme con la constitución y las leyes sobre la materia, derivando su función en ilegal, irregular e ilegítima, en virtud de que renunció a su militancia partidaria activa luego de ser escogido y designado, es decir, ya siendo Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo cual es inconcebible e inaceptable desde el puto de vista constitucional, toda vez que está prohibido expresamente ser integrante de la Judicatura Nacional los dirigentes políticos y el fue designado siéndolo y a pesar de haberlo confesado ante el Consejo con la promesa de renunciar luego si era designado como al efecto fue designado y como al efecto renunció posteriormente de ser escogido. Su condición de militante partidista activo al momento de su evaluación y posterior designación por el Consejo de la Magistratura, lo hace inelegible y en consecuencia nunca debió ser aceptado como participante por no llenar los requerimientos de la disposición legal citada anteriormente, lo que se asemeja y asimila como un fraude procesal en su elección, por él y por el Consejo que a sabiendas de su militancia política activa no sólo aceptó su participación, sino que por demás lo escogió y designó como Juez Presidente del más alto tribunal de la Justicia Nacional.

Su aviesa y vil elección, y designación no son más que una imposición del poder político de turno para agenciarse y asegurarse impunidad con el aparecido Luis Henry Molina, quien en su condición de dirigente político activo del PLD en el momento de su designación, y luego de su renuncia “ex dirigente” tiene el compromiso político casi sacrosanto de proteger sus promotores y responsables de llevarlo a tal posición amén de que legalmente no está permitido, lo cual tiene comprometida la dependencia del Poder Judicial en su dirección con el PLD y de manera muy especial con Danilo Medina, sus familiares y sus funcionarios que han depredado el erario público. Luis Henry Molina no tiene formación de juez ni de abogado técnico-jurídico, carece de independencia y de credibilidad.

Las autoridades que a partir del 16 de agosto se juramentan para conducir la nación por 4 años, tienen la brillante oportunidad de terminar con esa violación continua derivada del crimen continuo de prevaricación cometido por el actual Consejo Nacional de la Magistratura, que a partir del 16 de agosto con la juramentación de las nuevas autoridades electas se convertiría en el pasado Consejo, convocando al Nuevo Consejo Nacional de la Magistratura a los fines de sustituir el ilegal, irregular, ilegítimo y fraudulento Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina Peña de conformidad con las disposiciones constitucionales de los artículos 178, 179, 180 y 181 y las disposiciones legales legales establecidas en la Ley 327/ 98 en el artículo 44 de manera muy especial en el párrafo III.

De no hacerlo el próximo Consejo Nacional de la Magistratura estaría legalizando lo ilegal, legitimando lo ilegítimo y relgularizando lo irregular.

Él y sus defensores alegarían que la ilegalidad, la ilegitimidad y la irregularidad en su designación quedó subsanada con su renuncia como dirigente político activo del PLD, lo cual no es cierto y jurídicamente incorrecto, en el entendido que su participación y designación se materializó siendo dirigente político activo del partido de gobierno, lo cual puede analógicamente equipararse a la teoría del árbol envenenado, esto así porque su participación y posterior designación se hicieron de manera ilegal, ilegítima e irregular, por lo que jamás podrá subsanarse con la simple renuncia partidaria por ser resultado de un acto o acción ilegal, ilegítimo e irregular.

Enhorabuena para la nación y una oportunidad gloriosa para que las nuevas autoridades den visos del restablecimiento, vigencia y respeto de la constitución, las leyes, la institucionalidad, la legitimidad y la regularidad en los actos y las acciones de los funcionarios públicos, recobrando la credibilidad, el respeto, el decoro, la decencia, la integridad, la probidad y el honor en el ejercicio de la función pública.