ME CAGO EN LA HOSTIA: RESPETANDO LA JUSTICIA

La expresión “Me cago en la Hostia” en España expresa gran irritación o molestia cuando algo no ocurre como se esperaba. Se ha hecho costumbre en la cultura española cagarse en la hostia cuanta veces sienta impotencia, irritación o una reacción de enojo que implique un tipo de exasperación ante la incertidumbre de no poder controlar los males que le suceden.

En las sociedades actuales las protestas suelen ser cada día más sui generis, de tal forma que podrían llegar los ciudadanos realizar actividades diversas ante las instituciones gubernamentales-primavera árabe, los indignados, 15-M, chalecos amarillos-con la intención de mostrar su indignación con el Estado de cosa. Principalmente son protestas ciudadanas en contra de gobiernos y estados corruptos, multinacionales capitalistas, medio ambiente, entre otros derechos que los protestante entienden son lesionados por las autoridades.

En el caso de los chalecos amarillo-movimiento surgido en octubre 2018 en Francia-se extendió en algunos países de Latinoamérica. En Haití hubo protestas en contra del alza de los combustible que causaron paralización de las actividades de esa nación por varios días. Los chalecos amarillos en Francia llegaron a vaciar grandes cantidades de excremento ante el edificio de justicia de su país.

En la República Dominicana al parecer unos jóvenes en protesta ante la Suprema Corte de Justicia en vez llevar una pala mecánica con heces fecales, optaron por lanzar fundas plásticas llenas de excrementos en los frentes del majestuoso edificio que aloja las autoridades del Sistema de Justicia-Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República.

La acción de los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) ha sido criticada por amplios sectores de la población. Sostienen algunos que es un acto vandálico, que debe ser perseguido y castigado por la justicia; mientras que otros han acusado al grupo de extremistas, que si bien es cierto, existen razones para protestar por las falencias del sistema de justicia de la República Dominicana, no es menos cierto, que los avances alcanzados en algunos aspectos son relevantes. Existen razones para protestar dicen, pero la forma en la que se hizo no es la más idónea.

Desde el punto de vista jurídico-penal la acción cometida por el grupo de protestante podría ser subsumida en lo que establece el Código Penal Dominicano en su artículo 222 cuando se refiere al “Ultrajes y violencias contra la autoridad pública” que dice “cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial, hubieren recibido en el ejercicio de sus funciones, o a causa de este ejercicio, algún ultraje de palabra, o por escrito, o dibujos no públicos, tendentes en estos diversos casos a herir el honor o la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiere dirigido tales ultrajes será castigado con prisión correccional de seis días a seis meses. Si el ultraje con palabras se hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena será de prisión correccional de seis meses a un año”.

Lo cierto es que el problema de la protesta debe ser enfocada a partir de una mirada objetiva más concreta, pues solo se ha enfocado en los jueces que forman parte del órgano que fue embarrado de mierda, sin embargo, en ese mismo edificio hay otro órgano que forma parte del sistema de justicia penal, que tiene un papel fundamental en la persecución de los hechos que más afectan la calidad de vida de los ciudadanos, en ese sentido, la Procuraduría General de la República es la institución encargada de la persecución de los hechos punibles que afectan el patrimonio del Estado-es decir de todos-por tanto si los casos más importante de corrupción no han tenido una respuesta del sistema de justicia, es casi seguro que la responsabilidad del órgano persecutor penal debe ser igual o superior a la de los jueces.

Partiendo de esa realidad si las heces fecales, mierda, caca fue con la intención de llamar la atención de los casos de corrupción, debieron cagarse además de la Hostia que estaban recibiendo las autoridades en la Iglesia de la Paz, también en los miembros del Ministerio Publico encabezado por la Procuraduría General de la República.

Es así que sin justificar la actuación de los jueces penales, la carga de la prueba en materia de persecución de la corrupción recae sobre el Ministerio Publico, y éste ha evidenciado una anémica actuación en los casos de afectación al patrimonio del Estado. Así que nos cagamos en todos o en ninguno.