La Nueva Autoridad de la Oficina Nacional de Defensa Pública

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) es la institución del Estado que tiene como llamado constitucional ejercitar el derecho de defensa de toda persona imputada de un ilícito penal y que no tenga recursos económicos para satisfacer los honorarios de un abogado privado o por cualquier causa no esté asistida por un togado.

Esta institución, cuyos usuarios representan más del 65 por ciento de los casos penales de todo el país, tiene en su haber contar con el visto bueno de aquellos, que de una u otra forma acuden a solicitar sus servicios, y además, cuenta con el reconocimiento de los administradores de la justicia y de los que hacen la función de investigación e instrucción de los procesos.

Sabido es, que en la actualidad, la ONDP, se encuentra en los preparativos de un concurso para seleccionar la persona que será designada como director o directora y así, asumir las riendas como máxima autoridad de conducción legal, técnica, funcional y administrativa; y la cual deberá desempeñar, en un primer momento, por un plazo de seis años y podrá optar por un periodo más.

La persona que asuma la función de director o directora, tendrá la responsabilidad de mantener los estándares que hasta ahora exhibe la institución. Sin embargo, en las actuales circunstancias, si bien encontrará un personal técnico fuerte, capacitado y con vocación de servicio, también tendrá que contentar a su producto más importante: los defensores públicos, quienes en los últimos meses han hecho algunas exigencias; y a la vez, expandir los servicios a todo el territorio nacional con la creación de más oficinas para satisfacer las demandas del servicio en algunos Distritos Judiciales.

La nueva autoridad que asuma el cargo, para dicha o desdicha, encontrará una Asociación de Defensores Públicos, que a justa razón, está reclamando mejoras salariales y condiciones laborares más armónicas con la creación de un proyecto de vida, que les permita mantenerse ejercitando la función de defensor o defensora público con vocación de pensión y así evitar las miradas a otras instituciones, públicas o privadas, que anhelan ver las hojas de vida del personal de carrera de esta institución.

Como nueva autoridad, deberá analizar la carga laboral del personal técnico, estudiar para simplificar las labores administrativas de los defensores y defensoras públicos para lograr mayor concentración en lo práctico. Tendrá que abrir más concursos para defensor y defensoras públicos; y evitar los recurrentes concursos para abogados contratados.

En definitiva, la nueva autoridad llegará a una institución fuerte que requiere contentar a un personal que requiere sea contentado.