La Participación Ciudadana en la Administración Pública del siglo XXI

En la Constitución dominicana del año 2010, se ha sentado las bases para lograr un mayor empoderamiento ciudadano. Esto independientemente, de que ha operado una omisión legislativa en lo referente a la aprobación de una ley de referendo, como lo establece la reserva legal descrita en los artículos 22.2, 203, 208,209, 2010, 272 de la Ley Suprema.

Otra de las omisiones legislativa tiene que ver con la falta de aprobación del proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana que cursa en el Congreso Nacional desde hace mas de diez (10) años y el cual ha perimido en varias legislaturas. En este sentido, en el considerando primero de este anteproyecto se establece que:

“Que en un Estado Social y Democrático de Derecho la vinculación activa y permanente entre gobierno y sociedad es fundamental para el correcto funcionamiento de la nación y para lograr una dinámica productiva en que los distintos actores de la sociedad asuman con responsabilidad sus roles”.

En ese mismo orden de ideas, en el artículo 1 de este proyecto, al describir el objeto de este se establece que:

“Esta ley tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social establecidos por la Constitución de la República y que contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa y representativa”.

Sin embargo, a pesar de esta omisión legislativa, la propia Constitución establece importantes mecanismos de participación como: derecho de petición a los poderes públicos (art.22.4), denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos (art. 22.5), presupuesto participativo (art. 206), y control y fiscalización de los fondos públicos (art. 246).

En este contexto, como el lector podrá advertir en la Ley Suprema, se establecen muchos instrumentos de participación ciudadana, de manera que hoy en día los ciudadanos no tienen excusa para no empoderarse y participar de manera activa en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas.

Por las razones expuestas precedentemente, se hace imperativo que los ciudadanos se involucren de manera activa y participativa en la solución de los problemas que les afecta. Es importante, que creemos conciencia de que para realizar los cambios y las transformaciones que requiere y necesita el país, no solo hace falta voluntad política, sino una población cada vez mas informada, empoderada y activa.

La importancia de la participación ciudadana en el gobierno fue concebida por filósofo, politímata y científico griego Aristóteles como sinónimo de libertad e igualdad, al postular que: “Si la libertad y la igualdad, como se asegura, se encuentran principalmente en la democracia, habrán de obtenerse en su forma más pura cuando todas las personas participen al máximo del gobierno” (Aristóteles, Política, 335 adC.).

En ese mismo tenor se ha pronunciado, Pedro Prieto Martín , al enarbolar el concepto de participación ciudadana, ha postulado lo siguiente:

La noción de participación ciudadana hace referencia a una nueva forma de institucionalización de las relaciones políticas que se basa en una mayor implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas tanto en la formulación como en la ejecución y el control de las políticas públicas. Por lo general, este enfoque busca dar respuesta a una creciente demanda de transparencia en la gestión pública por parte de una ciudadanía que desea, cada vez más, ser informada, ser consultada e incluso “ser parte” de aquellas decisiones que más le afectan.

En síntesis, en el siglo XXI en un mundo cada vez mas globalizado e interconectado los ciudadanos, tenemos en los medios de comunicación, los instrumentos electrónicos, la tecnología y las redes sociales un aliado poderoso para participar en la construcción de un mejor país. Hoy en día, este empoderamiento ciudadano lo tenemos a la mano de un clic.

En este contexto, hay que destacar que la participación ciudadana, tiene una importancia capital en la consolidación de la institucionalidad y la calidad de la democracia. Un ejemplo de esto es el movimiento nacional que se gestó por la exigencia del 4% de los fondos públicos para la población. En esta lucha, se duro varios años, pero finalmente en la campaña del año 2012 se logro comprometer a los precandidatos a la presidencia firmar un pacto por el 4% y finalmente se logró.

En ese orden de ideas, es importante aclarar que no se hará referencia a la mejora de la calidad de la educación, este es un tema objeto de otro artículo, solo hacer referencia a la importancia de la participación y de como una sociedad unida, puede lograr grandes transformaciones.