Derecho y deber ciudadano de denunciar a los funcionarios públicos

La Constitución dominicana de 2010 establece las condiciones para que las personas pueden contribuir con la lucha y combate de la corrupción administrativa, al establecer como un derecho ciudadano la posibilidad que las personas denuncien las faltas cometidas por los funcionarios públicos. En ese sentido, en el artículo 22.5 se establece que los ciudadanos pueden realizar: “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”.

En adicción a esto, en el artículo 75.12 de la Ley Suprema se establece la obligación que tienen las personas de construir con el fortalecimiento de la democracia y la fiscalización y control del patrimonio público. En ese tenor, en este apartado se establece que las personas tienen el compromiso de: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

En este contexto, la posibilidad que tienen las personas de denunciar las actuaciones de los funcionarios públicos adquiere una doble dimensión, ya que, está configurada como un derecho de ciudadanía, y a la vez como una obligación fundamental, partiendo del hecho de que la malversación y sustracción de los fondos públicos convierte a las personas que pagan impuestos en víctimas.

En ese orden de ideas, resulta interesante leer opinión en calidad de interviniente voluntario de Participación Ciudadana (movimiento cívico no partidista), quien en el marco la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Díaz Rúa contra el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal de la República Dominicana, en la Sentencia TC/0362/19 considerando 5.4, expreso lo siguiente:

Los ciudadanos son víctimas directas cuando un funcionario o servidor público sustrae recursos del patrimonio público, se apropia del dinero que no le pertenece y que en principio proviene de diversas fuentes, donde una mayor parte proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos. Los ciudadanos son las víctimas porque sus derechos fundamentales son afectados por el incumplimiento del Estado en la prestación de los medios necesarios para el perfeccionamiento de forma igualitaria, equitativa y progresiva, máxime en Estados como el dominicano, donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema.

En síntesis, como se puede apreciar el ejercicio del derecho y deber participación ciudadana para velar por el fortalecimiento, la calidad de la democracia y la realización efectiva de la fiscalización y control de los fondos públicos, además de tener matiz colectivo, tiene un carácter personal y familiar, ya que, los recursos que manejan los funcionarios públicos salen del bolsillo de los ciudadanos, que es pagado a través de las diferentes modalidades de impuestos que pagamos la mayoría de los ciudadanos.

De manera, que los ciudadanos debemos estar más interesados en conocer como los funcionarios públicos, administran los fondos que entran a las arcas del Estado, ya que, este dinero también es pare del patrimonio de todos.