DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD y EL NEGOCIO DE LAS ARS.

El Estado Dominicano se fundamenta en el principio de dignidad humana y, el derecho a la salud una de las manifestaciones más importante para garantizar la dignidad, en ese aspecto el artículo 61 de la Carta Magna establece que “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran…”.
Según la OMS “La marginación, la estigmatización y la discriminación tienen consecuencias nefastas para la salud física y mental del individuo. La discriminación en el contexto de la atención de salud es inaceptable y constituye un obstáculo importante para el desarrollo (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 2018)”.

Es a partir del texto constitucional que debe partir cualquier legislación para garantizar la salud, como elemento esencial de la dignidad humana. Al observar lo que establece nuestra constitución y los organismos internacionales debemos reconocer que el entramado jurídico sobre los que el Estado y los empresarios de la salud han sustentado algo que denominan Administradora de Riesgo de Salud (ARS) no se compadece con la finalidad de tan esencial derecho, dado que la propia Ley 87-01 que crea el Régimen de Seguridad Social se sustenta en unos principios que implica la universalidad y la no discriminación del servicio de salud a todos las personas, sin embargo cada vez que un ciudadano necesita un servicio de salud puede sentirse estafado por estas instituciones que se dicen al servicio de la salud de sus afiliados.

Desconozco cuál es el proceso administrativo que utilizan las ARS para determinar los medicamentos que pueden los afiliados acceder a través de la cuenta que según las ARS y la ley tienen derechos, pero cada vez que asistimos a una farmacia que supuestamente está afiliada a nuestras ARS sostiene que ese medicamento no lo cubre el seguro, o que no está dentro del catálogo de los medicamentos de la ARS. Aunque se supone que disponemos de un fondo de dinero para acceder a los medicamentos para nuestra maltrecha salud, por eso cuando nos damos cuenta que tenemos muchos años cotizando en una ARS muy pocas veces utilizamos el supuesto fondo debido a que los medicamentos no son cubiertos o no están en el catálogo, debemos sentirnos estafados.

El tedioso proceso utilizado por las ARS y los médicos afiliados a las ARS para determinar la tarifa que la ARS debe pagar a los médicos por las consultas de sus usuarios (Pacientes: nombre muy bien puestos a los usuarios de las ARS) es un secreto de estado, pero las consecuencias económicas-si el seguro no es de aquellos que tienen un plus como el de los funcionarios del Estado-cada vez que tenemos que sacar de nuestros menguado ingresos para pagar la diferencia de la consulta es un sentir de cada paciente, porque resulta que aunque tenga más de ocho años en la ARS pagando religiosamente cada mes, siempre es necesario pagar una diferencia en la consulta.

Ignoro el procedimiento, las causales o los parámetros sobre los que las ARS determinan cuando inicia la cobertura para un procedimiento quirúrgico de emergencia que debo realizarme por un problema de salud urgente que se me ha presentado, pero he visto, cada vez que un trabajador tiene que llevar a su esposa o un hijo a la sala de emergencia de un centro de salud de urgencia y presenta el carnet de la ARS luego de más de tres horas de espera les informan que ese proceso no puede ser cubierto por la ARS hasta tanto hayan pasado tres meses más, o sea hasta tanto no se muera en el proceso o pague la intervención de emergencia, donde en cualquiera de las dos situaciones ya sería innecesario la utilización del seguro.

Al enjuiciar cómo funcionan muchas cosas en el Estado, las sufro en carne viva todos los días, porque es inicuo y hasta absurdo que aquellos que aportamos los recursos para que el Estado preste los servicios de salud que necesitamos seamos los menos beneficiados de dicho sistema, por eso quiero renegociar el Contrato Social que hice con el Estado, porque me siento estafado cuando solo yo cumplo con mis obligaciones y el Estado no con las suyas.