Funcionarios se niegan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano (1)

Recientemente salió reseñado en la prensa nacional que el Tribunal Constitucional dominicano, remitió al Poder Ejecutivo un listado de sesenta y una (61) sentencias que las instituciones del Estado hasta la fecha no le habían dado cumplimiento.

En este contexto, el Ministerio de Educación (MINERD) aparece en el listado con tres (3) sentencias que no han cumplido. Una de esta sentencia, es la de los técnicos de educación TC-0415-16, la cual fue ejecutada en una parte en el diciembre del año 2022.

Sin embargo, como resultado de esta sentencia en una audiencia ante el Tribunal constitucional, se incorporó un contrato transaccional no. 0282, firmado entre el MINERD y los abogados Dr. Wilson Tolentino de Jesús Silverio y Lic. Caonabo Martínez Morel. Este contrato fue homologado mediante la resolución no. 0004-2022, realizada en fecha 24 de mayo del año 2022.

En ese orden, en el referido contrato se estableció que el MINERD pagaría el 55% del monto adeudado a los técnicos y a los abogados de estos un 5% de del monto total pagado a los técnicos. Sin embargo, el ministro de educacion Dr. Ángel Hernández Castillo, ha incumplido con lo estipulado en el contrato y en la resolución del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, nos sorprenden las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Lic. Antoliano Peralta, quien en una publicación en la prensa nacional hace un llamado a las instituciones para que asuman su responsabilidad. Asegurando, que el Poder Ejecutivo continuará verificando el estricto cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, y que seguirá velando por el apego absoluto a la Constitución y la ley por parte de los funcionarios.

En ese tenor, aplaudimos las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y le recordamos que en la mayoría de los casos la consultoría jurídica recibe las notificaciones de las sentencias contra el Estado, la, pero vemos recordarle, que en el artículo 6 de la Ley Sustantiva se establece la eficacia vertical de la Norma Suprema al expresar que: “Todos los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”.

En conclusión, para mejorar la institucionalidad y la seguridad jurídica, quienes han obtenido una sentencia favorable necesitan de parte del Poder Ejecutivo una acción más enérgica contra los funcionarios. Por tales razones, una exhortación no es suficiente, por ello hay que preguntarse: ¿En este gobierno la Constitución es un pedazo de papel?