LUIS PEÑA VALDEZ Y LOS 12 AÑOS PRESO SIN PROCESO. ¿DEBE PROCURAR JUSTICIA?

Por: Edgar A. Aquino M.*

Lo que el Estado dominicano ha hecho (a través de sus instituciones responsables de garantizar los DDFF a los ciudadanos y ciudadanas, de defender el interés público tutelado por la ley y de dirigir el sistema penitenciario) con el Sr. Luis Peña Valdez, de mantenerlo preso sin proceso por 12 años en la cárcel de La Victoria, sin una orden judicial previa, y en condiciones infrahumanas e indignantes, es inconcebible e inaudito, de conformidad con a las normas jurídicas que nos definen como un Estado Social y Democrático de Derecho.

El Ministerio Público debería compensar de manera voluntaria, parte del agravio sufrido y que aún mantendrá sus secuelas por largo tiempo, tras el sistema regresivo del Estado, troncharle de forma ilegal y arbitraria, el proyecto de vida en libertad del Sr. Luis Peña Valdez y de sus dependientes, por los 12 años que permaneció preso sin proceso judicial, en la Cárcel de La Victoria.

En esta oportunidad, identifico al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia, que, en principio, está llamado a compensar de manera voluntaria al Sr. Luis Peña Valdez; porque La Justicia, constituye uno de nuestros valores supremo, según el preámbulo de nuestra Carta Magna; y que como valor constitucional, permea de forma transversal todo nuestro ordenamiento jurídico, en especial, al órgano estatal, que tiene la obligación de representar, no solo a la sociedad, sino también a las instituciones públicas en los proceso penales; pero además, para el caso específico del Sr. Luis Peña Valdez, que fue arrestado por un agente policial sin orden judicial previa y luego trasladado, recibido y mantenido preso por 12 años en la Penitenciaria de La Victoria, que es un recinto penitenciario que está bajo la dependencia y supervisión directa de la Dirección General de Prisiones, que a su vez, es el órgano de control de reclusos dependiente de la Procuraduría General de la República, resulta suficiente, al tenor de las disposiciones del artículo 169 de la Constitución de la República, para darnos cuenta que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de garantizar los DDFF a los ciudadanos, de defender el interés público tutelado por la ley y de dirigir el sistema penitenciario; por lo que su responsabilidad institucional inconcebible e inaudita, flagrantes e indignantes violaciones a los Derechos Humanos y fundamentales del Sr. Luis Peña Valdez, está más que comprobada constitucionalmente.

De manera que, las autoridades del Ministerio Público se granjearía niveles óptimos de confianza, credibilidad y transparencia, de la sociedad que está llamada a representar y defender, si se anticipa, a compensar de manera voluntaria al Sr. Luis Peña Valdez, y no esperar a que sea este, quien tenga que iniciar un proceso judicial del que ya es víctima, para que ahora se le obligue a someterse a otro vía crucis, por quién sabe cuántos años más, para que reciba una especie de compensación simbólica ante los irreparables 12 años que estuvo preso sin proceso.

Si el Ministerio Público permite que el Sr. Luis Peña Valdez, tenga que iniciar otro vía crucis dentro del sistema de justicia para ser recompensado, podría estar poniendo en entredicho su rol y compromiso institucional de procurar justicia como valor constitucional, por lo que debe anticiparse y compensarlo, aún sea simbólicamente.

* El autor es Coordinador de la Defensa Pública en San Pedro de Macorís.