Sobradas razones para posponer las elecciones de mayo

Suspender o posponer las venideras elecciones del 17 mayo y las del 28 junio, en ocasión de una segunda vuelta electoral, para próximas fechas, no debe consistir en un hecho sin parangón en el discurrir de la vida electoral dominicana, debe recordarse que recientemente, la Junta Central Electoral mediante acta No. 09-2020, de fecha 16 de febrero, por causas no fijadas en ninguna norma local, suspendió las elecciones municipales.

Lo cierto es que la realidad del momento y sus proyecciones sobre la expansión del Covid-19 en el país, no alientan que para mayo esté controlado, lo que indica, lamentablemente, que las elecciones presidenciales y congresuales no deben celebrarse para entonces. Debe observarse que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, de llegar al mes cinco, son contrarias a la celebración de cualquier evento electoral, puesto que, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el debido aislamiento y distanciamiento social como medidas efectivas para evitar el contagio del virus, y el proceso de votación es todo lo contrario.

Como argumento a contrario sensu a lo de la suspensión, puede decirse que para el día de las votaciones falta un mes y días, pero bien debe observarse que los casos positivos al Coronavirus van a la alza, y muy por sobretodo, que el comportamiento de los países infectados, nos indican que pese a que muchos de ellos, con mejores sistemas sanitarios y mucho más recursos humanos, económicos y científicos disponibles, con una población más educada y respetuosa de los lineamientos institucionales, y con mucho más tiempo tratándolo que nosotros, ninguno ha podido contener la expansión del virus hasta la fecha, o en su caso, no han podido establecer con certeza que su población está fuera de peligro.

Igualmente, la realización de las elecciones en mayo, estaría desbordando la obligación del Estado de proteger efectivamente derechos fundamentales, y en el caso de la especie, se estaría poniendo en peligro la vida y la salud de los votantes y de quienes los esperan en casa, pero también el derecho de elegir libremente sin coacción ni amenaza; teniéndose estas últimas como la idea en concreto de que hacer una fila en un colegio electoral para votar, puede constituirse como una coacción o amenaza a la vida y a la salud por la posibilidad cierta de contraer el virus.

De la misma manera, se debe tener en cuenta que la propia Ley Electoral da un mandato a los partidos políticos de que en la elaboración de propagandas se resistan a utilizar materiales o sustancias que produzcan algún riesgo directo para la salud de las personas, pues es una perogrullada que el virus, si bien no será utilizado para hacer vallas, afiches, ni carteles, no menos cierto es que las aglomeraciones, reuniones y filas para ejercitar el derecho de elegir, se constituyen en los posibles grandes focos de contagio del Coronavirus.

También se debe advertir que la realización de Campaña Electoral es un derecho que tienen todos los partidos políticos, y con la declaratoria de estado de emergencia y los Decretos contentivos de las restricciones a la libertad de tránsito, de asociación y de reunión, no se ha podido desarrollar, y en el supuesto de aperturarla, la misma estaría limitada a un tiempo corto y quizás de poca significación conforme al interés que pudieran tener algunos partidos o candidatos, y por demás, de realizarse en mayo, pudieran representar las elecciones de mayor abstención de la historia dominicana.

En resumidas cuentas, entendemos que no están dadas las bases para la realización de las elecciones en el próximo mayo, por lo que los partidos políticos y la Junta Central Electoral deben tomar desde ya, la decisión de posponer las elecciones y fijar una fecha prudente, tomando en cuenta que el presidente de turno, los senadores y diputados cesan en sus mandatos constitucionales el 16 de agosto del año en curso y que de no tener candidatos electos en uno y otro caso, antes de la referida fecha, peligrosamente nos quedaríamos como país sin el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo será dirigido por el mismo ser que preside el Poder Judicial.