UNA DECISIÓN QUE DEBE SER PENSADA

En esta semana que recientemente concluye, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sacudió la opinión pública nacional, con el otorgamiento de un plazo de 5 días para que los ciudadanos y dirigentes con aspiraciones a ser candidatos a posiciones electivas dentro de sus diferentes organizaciones políticas para las elecciones del año 2020, suspendan cualquier tipo de proselitismo político. En dicha resolución, el pleno de la JCE, prohíbe todo tipo de movilizaciones, manifestaciones de personas en la vía pública, colocación de vallas con imágenes alusivas a la promoción de candidaturas, propaganda en los medios de comunicación, etc. Pero ¿resulta ser constitucional o no esta resolución desde una perspectiva jurídica?

A la luz del artículo 87 de la Ley Electoral vigente No. 275/97, el pleno de la JCE, por resolución declarará abierta la campaña electoral, en un plazo de 90 días, antes de la celebración de la elección ordinaria, que por efectos del artículo 209 de la Constitución, serán el tercer domingo de mayo del año 2020, para la elección del presidente y vicepresidente de la República, y los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, y el tercer domingo de febrero para las autoridades municipales. Mientras que el artículo 88 de la referida ley, sostiene que el período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, es decir, los 90 días que arriba señalamos, (noviembre del 2019, para las elecciones municipales, y en febrero para las elecciones presidencial y los representantes congresuales nacionales e internacionales), y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos. Posterior a la celebración de dichas elecciones.

En otros artículos de nuestra columna, hemos señalado las complejidades que tendrá el pleno de la JCE, en lo referente a la proclama electoral, para las celebraciones de las elecciones municipales de febrero del año 2020, y las presidenciales y congresuales de ese mismo año sin la existencia de un marco legal regulatorio.

Ahora bien, en lo que respecta a la resolución del pleno de la JCE, que prohíbe el ejercicio de realización o promoción de candidaturas a cargos de elección popular, dicha resolución se contrapone con los postulados del artículo 212 de la Constitución de la República. Que las atribuciones que tiene el pleno de la JCE para reglamentar asuntos de su competencia, en este aspecto están debidamente delimitadas al amparo de la Carta Magna, circunscribiéndose única y exclusivamente para la apertura de la campaña electoral dentro de los 90 días que le confiere la ley, no para la regulación de las actividades proselitistas realizadas por los ciudadanos y los dirigentes políticos que promueven sus diferentes aspiraciones electivas antes de la proclama electoral que indica el artículo 87 de la ley electoral vigente.

En nuestro artículo titulado “Las primarias internas en el proyecto de ley de la JCE” dejamos claramente establecido que la JCE, no tiene competencia para regular la `precampaña electoral de los partidos políticos. Que con la resolución No. 12/18, el pleno de la JCE, vencido el plazo otorgado, estaría violentando derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tal como lo expresa el TC en su sentencia No. 0323/17, la cual prescribe, que ninguna ley puede ser interpretada para limitar o suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y las garantías fundamentales; Que dicha decisión, puede ser atacada por las vías legales que dispone nuestro ordenamiento procesal. Reflexionemos.

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