La oposición venezolana no concurrirá a las elecciones

Líderes lucen desacreditados, sin dignidad y sin pueblo

La oposición venezolana ha decidido no inscribir candidatos unitarios para las  elecciones presidenciales del 22 de abril, alegando que de hacerlo significaría legitimar un fraude para perpetuar al actual presidente constitucional Nicolás Maduro.

No obstante, sectores sociales venezolanos sostienen que esa razón obedece a que los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ¨no tienen apoyo popular¨

El encartado Leopoldo López, de Voluntad Popular, declaró la semana pasada que no acudiría a los comicios ni respaldaría a candidato alguno; en tanto, su compañero de partido Freddy Guevara, asilado en la embajada de Chile, dijo apoyar la posición de la iglesia católica de crear un frente amplio de lucha por la democracia.

El principal partido de la MUD, Primero Justicia, que dirige Julio Borges y Henrique Capriles, rechaza también las elecciones del 22 de abril y adelanta el desconocimiento de sus resultados.
Pese a la posición de los Estados Unidos y de la comunidad intencional, que rechazan dichos comicios, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) debate si participa a no en el torneo, y estima como error político la abstención.
Los dirigentes de AD y UNT señalan que debía inscribirse a un líder ante el poder electoral, quien sería el encargado de luchar por condiciones electorales y que, si no lo lograba, se retirara de la contienda denunciando fraude.

«La salvación de Venezuela exige que se asuma que la elección dictatorial es un fraude», sentenció el padre de origen vasco Luis Ugalde, antiguo rector de la Universidad Andrés Bello y visto en parte de la oposición como la persona adecuada para liderar la protesta del país.

También la ex diputada María Corina Machado y el exiliado Antonio Ledesma, quienes encabezan el antichavismo radical fuera de la MUD, han mantenido desde el primer momento su negativa a participar el 22 de abril, al tiempo que critican a sus antiguos aliados de la oposición.

Sin embargo en la actualidad están como precandidatos el ex gobernador Henri Falcón, líder de Avanzada Progresista, quien protagoniza ya una especie de precampaña electoral, en la que incluso ha aceptado el reto de ir a un debate televisado contra Nicolás Maduro.

El ex gobernador fue derrotado en las elecciones regionales de octubre en las que no salió reelegido en Lara. Además su partido recibió una derrota apabullante en las municipales de diciembre.
Otros precandidatos son Claudio Fermín, un político opositor cuasi jubilado, y el pastor evangélico y empresario Javier Bertucci, vinculado a los Papeles de Panamá ya que intentó constituir una empresa valorada en 5 millones de dólares.

Otros opositores ligados a la corrupción es el señor Julio Borges, cuyo partido Primero Justicia, fundado en 1992, ha estado envuelto en hechos delictivos de corrupción y financiamiento ilícito desde el momento de su fundación.
En 1998, Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, emitió un cheque a favor de Borges por 60 millones sesenta mil bolívares, ascendente a 20 millones de dólares, con los fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, cuando ella fungía como gerente de asuntos públicos de la División de Servicios de PDVSA.
Primero Justicia, también ha sido financiado con fondos monetarios estadounidenses dispuestos por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, en sus siglas en inglés) a través de la ONG para su mantenimiento y acciones.

La falta de apoyo popular a Borges se debe a que es uno de los políticos venezolanos que más intervenciones extranjeras ha solicitado en la historia de Venezuela, y cuya vocación antinacional compite con la de su correligionaria María Corina Machado..

El pueblo venezolano identifica al presidente del partido de ultraderecha Primero Justicia, Julio Borges, como un incitador a la violencia y al terror, al recordar que en el 2014 fue quien trazó los puntos tácticos que serían bombardeados por los militares en la capital venezolana.

Borges ha estado en constante filiación con organismos desestabilizadores estadounidenses como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), de quienes ha recibido enormes pagos en dólares para promover golpes, paros y sabotajes.

¨Ese es un personaje bipolar y siniestro, que por un lado afirma dialogar, por otro lado realiza esfuerzos ante diversos países y organismos internacionales para profundizar el bloqueo económico, solicitar más sanciones y clamar por la intervención extranjera en los asuntos internos del país*.

En tanto, el partido Acción Democrática (AD), de Ramos Allup, es una entidad política conocida por su corrupción, clientelismo y agenda neoliberal y el principal receptor de financiamiento internacional, en flagrante violación a las leyes venezolanas que prohíben financiamiento externo a partidos políticos.

Otro peje gordo de la ultraderecha venezolana es Capriles Radonski, el cual fue acusado por el presidente Maduro de estar vinculado al paramilitarismo, al tiempo de presentar pruebas y videos ante los medios de comunicación que lo comprometían.

Capriles, no se destaca por sus cualidades intelectuales, y por carambola llegó a la alcaldía de Baruta y a la presidencia de la Cámara de Diputados y luego jugando a la violencia fue a parar a la cárcel y de de ella salió convertido en ícono de la ultraderecha.

Tiene conocidos vínculos directos con el ultraderechista Partido Popular español y numerosas fundaciones estadounidenses de similares definiciones ideológicas. También recibe fondos públicos de Estados Unidos a través de los organismos estatales conocidos bajo las siglas NED y Usaid.

Otro personaje de la política venezolana que no tiene apoyo popular y vinculado a crímenes de odio es Freddy Guevara, el cual será juzgado por los actos de violencia y planes de insurrección entre abril y julio del 2017 para alentar la intervención extranjera.

Freddy Guevara formó parte de los actores internos, junto con Julio Borges (dirigente de Primero Justicia), que promovieron y realizaron actos violentos el pasado año.

El plan sedicioso ejecutado causó la muerte de al menos 124 personas, miles de heridos y 29 personas quemadas, grandes pérdidas en infraestructura y ataques a instituciones gubernamentales, sitios púbicos y establecimientos comerciales.

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