Importancia de los valores en el ordenamiento jurídico dominicano

Toda sociedad se fundamenta en una serie de valores compartidos que representan la “concepciones colectivas de lo que en una cultura se considera bueno, deseable y adecuado, o malo, indeseable e inadecuado” (Schaefer, Richard, 2012, Sociología, McGrawHIll, p. 64) al indicar lo que se considera moralmente correcto o no. En consecuencia, los valores influyen en la producción, interpretación y aplicación de las normas en un sistema jurídico.

No obstante, la República Dominicana tuvo que esperar hasta el año 2010 para consagrar en el preámbulo de la Carta Magna valores supremos y principios fundamentales que representan “el telos ideológico de la Constitución dominicana; los pensamientos directivos que sirven de base o fundamento a nuestro ordenamiento constitucional” (Fundación Institucionalidad y Justicia [FINJUS], 2015, Constitución Comentada, p.57). Lamentablemente, la redacción difusa con la que se recogen los términos valores y principios indistintamente dificulta su comprensión.

En primer lugar, hay que tener claro que los valores no son normas, a diferencia de los principios y las reglas. Los valores jurídicos entran dentro de la esfera de las categorías metajurídicas (o de los conceptos que trascienden el campo del derecho); mientras, los principios entran en el ámbito de las normas (estándares de conducta que pautan la convivencia armoniosa de un colectivo) que se fundamentan en la concepción compartida en la sociedad de lo que se considera aceptable o inaceptable, sancionable o no, que se denomina valores. 

Las normas jurídicas pueden manifestarse como principios o reglas. Aunque ambos establecen la dirección que la decisión debe tomar, se distinguen porque las reglas son aplicadas de forma automática, mientras los principios no tienen ese carácter automático (Báez, David, 2007, “De los Principios Jurídicos a las Convenciones Inclusivas Externas: Lo que la racionalidad insinúa” en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Extraído de https://www.uv.es/CEFD/15/Baez.pdf). Por lo que, de acuerdo a Ronald Dworkin, filósofo y jurista norteamericano, las reglas son aplicables en la forma “todo-o-nada”, mientras los principios únicamente establecen una razón para llevar a cabo una u otra acción (Báez, 2007). Es decir, los “principios en tanto tienen una «dimensión de peso o importancia», lo que implica que frente a un hecho o conjunto de hechos que deben ser regulados, el principio puede o no ser aplicado dependiendo de los criterios de razonabilidad del intérprete” (Jiménez Gil, William, 2-11-2008, “Entre Reglas y Principios”. Misión Jurídica, Extraído de https://www.revistamisionjuridica.com).

Por otro lado, el problema se complica por el hecho de que en el ordenamiento jurídico dominicano se contemplan categorías que cuentan con la triple dimensión de valor, principio y norma como es el caso de la dignidad humana. Así pues, sólo es posible determinar el carácter axiológico o normativo de su uso en el caso concreto.  

En definitiva, cuando en el preámbulo,  el artículo 5 y 7 de la Constitución otorga a la dignidad humana la condición de fundamento de todo el ordenamiento estatal y jurídico dominicano obliga al poder público constituido a poner “el valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas” (Tribunal Constitucional del República Dominicana, Sentencia TC-081-14) en el centro de las políticas públicas, la producción normativa y las decisiones jurisdiccionales. 

Facebook Comments