IMPACTO DE LA LEY 200/04 EN 5 PARRAFOS

El 15 de julio del 2015, el Tribunal Constitucional, dictó una sentencia trascendental y de relevancia constitucional en materia de amparo, al acoger una acción de amparo que ordena al señor Ramón Nelson Didiez Nadal, a la sazón presidente del Partido Demócrata Popular (PDP) a la entrega de la información requerida con respecto a la rendición de cuentas de los gastos de campaña en que este incurrió, que asimismo, se determino en la decisión TC/0192/15, la definición que tiene el alcance del derecho al libre acceso a la información pública de los ciudadanos y la protección de este derecho fundamental, cuando se refiere al manejo de los fondos públicos que reciben los partidos políticos del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral.

Con esta normativa constitucional, el TC, esta obligando a las organizaciones políticas reconocidas a ejercer la transparencia en el manejo de sus gastos sin importar que estos se realicen en años electorales o no. Convirtiendo a los ciudadanos en guardianes de las ejecutorias que los partidos políticos realicen con esos recursos.

Antes de la puesta en vigencia de la Ley No. 200/04, sobre libre acceso a la información publica, los partidos políticos en República Dominicana, no contaban con una legislación eficaz que sirviera de instrumento como marco legal para que cualquier ciudadano, organismo e institución de derecho público y privado que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional tengan un servicio permanente y actualizado con respecto a los gastos de ingresos y egresos, así como también de una relación detallada en la forma en que han manejado sumas de dinero entregados a través de la JCE para sus actividades y de cómo se realizan dichos gastos.

La sentencia TC0192/15, fijo las bases para que todos los ciudadanos sin importar su condición puedan exigirle a los partidos políticos reconocidos, que como instituciones públicas que reciben recursos provenientes del Estado deben transparentar sus gastos, tal y como lo consagra el artículo 216 de la Constitución de la República.

Que el TC estableció con esta sentencia el rango constitucional que tiene el derecho a la información en nuestro ordenamiento jurídico, por medio del cual toda persona tiene derecho a su búsqueda y a recibirla por cualquier medio, canal o vía.

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