EL RECURSO DE AMPARO EN 5 PÁRRAFOS

La institución del amparo tuvo su génesis en el 1823 en Yucatán, México, por el Diputado Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, de quien se deriva esta palabra. Posteriormente es introducido en la legislación latinoamericana.

En nuestro país, el recurso de amparo aparece con la Resolución No. 739, G. O. No. 9460, del 11 de febrero del 1978, y aprobada por el Congreso Nacional, el 25 de diciembre de 1977, que introduce la ratificación del Art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y que se refiere a la aplicación de un recurso sencillo y rápido ante jueces o tribunales, donde toda persona tiene derecho a que se le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.

Posteriormente con la aparición de la Resolución, el 10 de junio de 1999, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, queda instituido el amparo, debiendo ese alto tribunal, mediante la sentencia del 24 de febrero de 1999, establecer que la jurisdicción competente para conocer las acciones de amparo, es el tribunal de primera instancia o la cámara civil correspondiente, procedimiento que hasta ese entonces era el mismo que se seguía en materia de referimiento. Con esta resolución y la sentencia dictada por la SCJ que establecía este procedimiento, resultaba contraproducente que no existiera en Republica Dominicana una legislación que fijara los plazos, forma y mecanismos para el ejercicio del amparo como figura jurídica.

A raíz de estas interrogantes es que surge la Ley No. 437/06, que establecía el recurso de amparo y lo definía como la acción ejercida contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Habeas Corpus.

 

Con la promulgación de esta ley, el legislador de entonces procuraba garantizar los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos a los cuales les habían sido vulnerados sus derechos por cualquier tipo de actos donde no solamente interviniera el Estado, sino ante cualquier persona o entidad pública o privada. En la actualidad la acción de amparo se rige por la Ley No. 137/11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y de los Procedimientos Constitucionales, en sus arts. del 65 al 113. Quedando derogada la Ley 437/06.

Facebook Comments

Cual es tu opinión?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.