Delitos económicos, las tecnologías y derecho penal  

El derecho penal surge como control social, ejercido por el Estado en contra de los súbditos. Su objetivo es lograr que acciones de algunos individuos que afectan el tejido social sean sancionadas. En principio el enunciado de las sanciones tiene un efecto disuasivo, de manera que por el solo hecho de anunciar las posibles consecuencias del delito podría prevenir la ocurrencia de los mismos.  En ocasiones el efecto disuasivo no daba el resultado esperado, entonces se aplica la consecuencia jurídica que la reactiva.

Ahora bien, las acciones que eran consideradas nocivas y por tanto delitos por el Derecho Penal con sus posibles consecuencias-las penas-eran aquellas que afectan gravemente el bien jurídico protegido. Tanto los bienes jurídicos estatales, como los individuales. Así que atentados a la seguridad interna y externa del Estado eran acciones consideradas muy graves. Por otro lado, los atentados a la integridad física de las personas y sus bienes también podían ser perseguidos, por ese derecho penal que veía en su accionar la protección del orden social establecido.

En la actualidad el Derecho Penal ha tenido que incursionar en algunos aspecto de la vida social que no eran relevante hace algunos años atrás, así despues de haberse erigido como una de las soluciones sociales más importante para mantener la armonía que procura la sociedad, no se imaginaba que tendría que inmiscuirse en esos ámbitos de la vida que estaban reservados a la privacidad. Pero estamos ante un desarrollo social exponencial, que potenciado por las tecnologías de la información y la comunicación, pareciera que no tiene límites.

En ese mismo sentido han tenido que avanzar los sistemas penales de todas las sociedades, a los que la República Dominicana no es ajena. Es imposible en actualidad concebir el Derecho Penal sólo involucrado en los delitos que afectan la integridad física de las personas y del Estado, es necesario que las normas penales regulen cada vez más actividades en el orden económico, pues la economía es un elemento vital para mantener la armonía social que pretende garantizar el derecho.

El derecho penal económico, se convierte así en uno de los pilares esenciales para garantizar la seguridad jurídica de la sociedad y en el área económica es cada vez más determinante los avances tecnológicos para lograr los intercambios de bienes y servicios que demandan los ciudadanos de hoy. Por lo que interesa sobremanera que además de incursionar el derecho penal en el ámbito económico, lo haga también en las tecnologías.

Sin embargo, existen grandes dificultades al momento de enfrentar los delitos económicos que utilizan las tecnologías como medios para cometer la infracción, pues la tecnología cambia, se modifica y avanza vertiginosamente, pero los organismos del Estado que deben garantizar la seguridad de las transacciones económicas a través de las tecnologías, no avanzan al mismo ritmo.

El común de la sociedad no tiene idea de los tipos de estafa, extorsiones e infracciones de todo tipo que se cometen a través de las tecnologías de la comunicación y la información. Desde una llamada para que haga una transferencia bancaria a cambio de una información, hasta tomar los datos de un familiar para simular un accidente. Los delitos cibernéticos son cada vez más frecuentes y más sofisticados. Por lo que el desafío que tiene el Derecho Penal es adaptarse a una sociedad híper-conectada que demanda cada día más servicios a través de esos medios, pero que el delito también cada vez más se apodera de ella.

El derecho penal económico y los delitos tecnológicos son una realidad social que hay que enfrentar. Basta con ver los últimos casos publicados en los medios de comunicación.