Deber ciudadano de velar por el fortalecimiento de la democracia

La Constitución dominicana de 2010 se ha establecido un catálogo de deberes que constituyen obligaciones y parámetros de actuación para las personas, tanto en el plano individual como colectivo. Uno de estos deberes tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y la fiscalización y control de los fondos públicos. En ese sentido, en el artículo 75.12 se establece que: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
Lo postulado en el artículo in comento, aunado a lo que establece el artículo 246 del texto constitucional, permite que los ciudadanos formen parte del control externo de los fondos públicos, juntamente con el Poder Legislativo y la Cámara de Cuentas. En ese sentido, en este apartado se establece que:
El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad, a través de los mecanismos establecidos en las leyes.
El Tribunal Constitucional Dominicano al abordar la vinculación que existe entre el derecho de acceso a la información pública, la mejora de la calidad de la democracia y la fiscalización del patrimonio público, en la sentencia TC-0052-13, en el considerando 10.7, ha planteado lo siguiente:
La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

En este contexto para que las personas puedan participar en la formulación y ejecución de las políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de la democracia y la fiscalización y control de los fondos públicos, es imperativo que el Estado tiene que establecer las condiciones para que las personas tengan acceso a la información pública. Estas informaciones les permitirán estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
En síntesis, la Ley Sustantiva establece las condiciones desde el punto de vista formal para que los ciudadanos participen de manera activa en la formulación y ejecución de políticas públicas, tendentes a ser partícipe del fortalecimiento y calidad de la democracia y el manejo transparente y eficiente de los fondos púbicos.