¿Cuándo surge el conflicto de competencias?

Con la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional, y con él la aplicación de la Ley No. 137/11, en su Artículo 59, se consagra “que es al Tribunal Constitucional a quien le corresponde resolver los conflictos de competencias”

A continuación se hace necesario precisar, que el conflicto de competencia inicia en el Artículo 60 de esta norma, y el 33 del Reglamento Jurisdiccional del TC, cuando el titular de cualquiera de los poderes del Estado, órganos o entidades en conflicto, remite a la Secretaría del TC, un memorial exponiendo las razones jurídicas en que sustenta el hecho en cuestión.

Por jurisprudencia constitucional el TC, decidió el conflicto de competencia entre el Estado y el Cabildo capitalino, (TC/0190/16), pero se desconocía que en materia electoral existía este tipo de conflicto de competencia. Recientemente el TC, emitió una sentencia trascendental de conflicto de competencia, entre la JCE y el TSE, este fallo aparece consignado en la sentencia TC/0282/17, donde el TC fija el procedimiento a seguir en el reconocimiento de los partidos políticos. Esta decisión se fundamentada en la interpretación por parte del TC de los Artículos 212 y 214 de la Constitución de la República.

Con esta sentencia, el TC precisa que la normativa legal que rige el reconocimiento de los partidos políticos en el país dispone un procedimiento meramente administrativo, aduciendo que ninguna norma legal atribuye al TSE capacidad para controlar jurisdiccionalmente los actos administrativos que emite la JCE durante el procedimiento de reconocimiento de los partidos políticos. Esto puede explicarse en razón de que el partido en formación carece de personalidad jurídica, según la Ley 275-97, en consecuencia, no tiene legitimación para entablar una controversia que entre en la esfera competencial del TSE.

Que asimismo, el TC sostiene que el TSE será competente para conocer de los asuntos contenciosos electorales y diferendos que surjan a lo interno de los partidos. Así pues, para poder ser parte en un conflicto electoral, el partido o la agrupación política primero debe existir jurídicamente. Siendo el acto atacado de naturaleza administrativo, que puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos regulados por la Constitución y la Ley.

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