Aún quedan jueces en Santo Domingo

“Tu molino es una molestia para el palacio”, le dijo. “Estoy dispuesto a comprártelo”. Pero el molinero se negaba a vender el molino. Entonces el rey le inquirió: ¿”Sabes que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que pagarte un solo céntimo”? Asustado, el molinero respondió: “Eso sería una grave injusticia, majestad”. Entonces el rey, señalando con el dedo hacia donde se encontraba la capital de su reino, le dijo: “Para eso hay jueces en Berlín” (Esteve Pardo, 2019).

Lo relatado en el párrafo que antecede puede ser una fábula o una realidad, se atribuye tanto al rey Federico II el Grande de Prusia, como al Molinero que viendo la injusticia que se pretendía cometer en su contra, acudió a los jueces y esto le otorgaron el amparo judicial, aún a pesar del poder del rey. La realidad es que la frase “Hay jueces en Berlín” es el estandarte que ha servido de sustento al control judicial del poder. Pero también, a medida que hemos avanzado en distintos tipos de controles. Se ha convertido en práctica acudir a esta frase en distintos escenarios judiciales, incluso en aquellos donde los jueces asediados por el miedo al poder que ejerce la presión social o política emiten sentencias al margen de la “verdad procesal”.

Recientemente, hizo renacer la esperanza de que aún “hay jueces en Berlín”, la motivación oral que pudimos leer en la prensa en el “Caso de los Aviones Súper Tucanos”, pues las tres juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emitieron una decisión de descargo en favor de los imputados. Y dejando de lado los fundamentos jurídicos que puede tener la decisión, al no haber leído la decisión íntegra, nos alienta el hecho que hayan emitido la decisión sin importar la presión política, social o mediática del caso. 

Las magistradas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, han tomado la iniciativa-las mujeres siempre la toman-de emitir una decisión contra-mayoría-rol fundamental de los jueces en un Estado de Derechos. Pues establecieron entre otras cosas “los jueces no están para dictar decisiones salomónicas, para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”. “Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí y son las pruebas las que al final dirán qué procede y qué no procede” (Listin Diario, 2022). Esas aseveraciones las cuales he visto han sido apoyadas por muchos jueces del sistema de justicia penal, hacen entender que ciertamente hay jueces conscientes del rol que le toca jugar en una sociedad que se jacte de ser Estado de Derecho.

Es conocido por lo que han estado ligado al sector justicia, que las decisiones jurisdiccionales se emiten por presiones sociales, políticas o jerárquicas, que nada tiene que ver con la verdad demostrada en el proceso. De ahí que sin detenernos a especular sobre las verdaderas razones que llevaron a esas dignas magistradas a tomar esa decisión, el fundamento que han enarbolado en la motivación que trascendió en los medios de comunicación, es suficiente para entender que el rol de los jueces, es distinto al rol del ministerio Público, de la policía y de los políticos.

De seguir la tendencia que han expresado las juezas mencionadas, estaríamos sepultando la tradicional práctica en materia penal de emitir decisiones sin ningún respaldo probatorio. La prisión preventiva para satisfacer el morbo social, las condenas para apaciguar la delincuencia, no son competencias de los jueces. Es el Ministerio Público y los órganos de investigación del Estado, que deben llevar al juez las herramientas para que ellos puedan dictar decisiones de condena. Cuando no exista duda razonable de la responsabilidad de la persona imputada debe ser absuelta, tal como sustentaron las juezas. Jamás puede conformarse un juez con la alarma social  para emitir una sentencia de culpabilidad.

Decidir en base a las presiones sociales o políticas, no es compatible con la figura del juez, dado que el papel fundamental del sistema de justicia, es garantizar el equilibrio entre el poder y los ciudadanos. Sí el juez forma una alianza con el poder persecutor del Estado, los ciudadanos no tendríamos protección, estaríamos a merced de la arbitrariedad y el abuso.

Es plausible las razones por las que esas jueces juezas decidieron absolver a esos imputados, pues independiente de que haya existido actos de corrupción, sólo puede haber sentencia condenatoria, cuando los órganos de persecución demuestren la existencia de los mismo en el proceso. Caso contrario procede absolver tal como lo ha expresado el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.  Estas magistradas han tomado la iniciativa de mostrar que existen jueces en República Dominicana.